Principios y Plataforma

El Partido de Solidaridad Americana cree en la dignidad intrínseca de la persona humana desde su concepción hasta su muerte natural. Tenemos el compromiso inquebrantable de defender la vida y abogar por la protección jurídica de los miembros más vulnerables de la sociedad. Queremos garantizar que todas las personas tengan acceso a todo lo que necesitan, no sólo para vivir, sino para prosperar. Nuestro enfoque integral de la vida guía toda la plataforma que figura a continuación.

Reconocemos que el derecho inalienable a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, debe ser reconocido formalmente por todos los niveles de gobierno. Este reconocimiento incluye una Enmienda sobre la Vida Humana a la Constitución de EE.UU. que aclare que la igualdad de protección de las leyes se aplica desde el momento de la concepción, así como leyes que prohíban o restrinjan el aborto a nivel estatal y federal. Mientras tanto, insistimos en que los gobiernos federal, estatales y locales pongan fin a la financiación por parte de los contribuyentes de organizaciones que proporcionen, promuevan o faciliten abortos, y de planes de asistencia sanitaria que incluyan la cobertura del aborto. Nos oponemos a cualquier procedimiento que provoque la destrucción intencionada de embriones humanos, procedimientos que incluyen la fecundación in vitro (FIV).

Pedimos a todos los niveles de gobierno que atiendan las necesidades de las mujeres y los niños vulnerables, promuevan una cultura de la vida y aborden directamente la tasa de mortalidad materna de las mujeres estadounidenses, financiando los centros de crisis para embarazadas y otras organizaciones que ofrecen atención prenatal y apoyo maternal.

Reconocemos que la pena capital se aplica de forma desproporcionada contra las

personas con menos recursos legales, también la imposibilidad de revocarla, y la existencia de mejores alternativas para proteger al resto de la sociedad. Por ello, pedimos su abolición.

Reconocemos que el suicidio asistido y la eutanasia son violaciones de los derechos de las personas con discapacidad, de la ética médica y de la dignidad humana, y deben prohibirse.

Reconocemos que los costes de dar un respetuoso descanso a los seres queridos son una carga onerosa para muchas familias, y pedimos la financiación pública universal de los gastos mortuorios.

El Partido de Solidaridad Americana cree que la asistencia sanitaria universal, que puede lograrse a través de diversos medios, es un bien común, un beneficio para las personas, las familias y la sociedad en su conjunto. Una asistencia sanitaria de alta calidad, asequible y ética, orientada a la preservación de toda vida, es una extensión de nuestros valores fundamentales a favor de la vida. Esperamos que llegue el día en que Estados Unidos sea líder mundial en resultados sanitarios sin serlo en gasto sanitario. Para ello, apoyamos normativas y programas que financien el acceso a la atención sanitaria, pongan freno a los obstáculos burocráticos y garanticen la protección de la conciencia.

Sostenemos que los gobiernos federal y estatales deben colaborar para garantizar la asistencia sanitaria universal por diversos medios, como iniciativas de pagador único, subvención directa de las redes de proveedores, educación subvencionada para los profesionales médicos dispuestos a trabajar en zonas rurales, apoyo a los programas de reparto de costes y a las sociedades de ayuda mutua, subvenciones a la asistencia domiciliaria, simplificación de la normativa y reducción de las restricciones a la importación de medicamentos con receta. Apoyamos los hospitales comunitarios y nos oponemos a la fusión de hospitales.

Reconocemos que la política sanitaria debe incluir protecciones normativas para quienes padecen enfermedades preexistentes, crónicas y terminales, quienes carecen de medios para ahorrar en caso de emergencia y las necesidades médicas en cada etapa de la vida, desde la atención prenatal hasta los cuidados paliativos.

Apoyamos los esfuerzos para ayudar a prevenir la tragedia de las autolesiones, incluido el acceso universal a una atención sanitaria mental asequible, la desestigmatización de las enfermedades mentales y la plena financiación de las instituciones psiquiátricas para casos desesperados.

Proponemos que, dado que Estados Unidos tiene los peores resultados sanitarios de cualquier país desarrollado en proporción a la cantidad de dinero que gasta, el gobierno federal debe negociar los precios para acabar con la explotación corporativa del público cautivo de los pacientes. Para ello, también debe reformarse la concesión de licencias médicas, de modo que respalden la calidad de la atención y no impongan restricciones innecesarias a los trabajadores sanitarios o que trabajen sólo para apoyar a los cárteles de la industria sanitaria. Pedimos una regulación más estricta de la publicidad farmacéutica.

Sostenemos que el embarazo, el parto y la atención neonatal deben ser gratuitos en el punto de atención para que ninguna familia tenga que preocuparse por los gastos de traer un hijo al mundo. Además, pedimos orientaciones políticas que apoyen una mayor flexibilidad en las opciones de parto, que se trate el parto como algo más que un mero procedimiento médico y que se subvencione el acceso a la atención de doulas para hacer frente a las sorprendentes tasas de mortalidad y sufrimiento maternos.

Defendemos los derechos de los profesionales médicos que se oponen a prestar servicios que violan su conciencia. 

Pedimos la cancelación inmediata de la deuda médica existente.

Rechazamos la idea de que el tratamiento quirúrgico u hormonal para eludir el desarrollo y las funciones naturales y saludables del cuerpo sea asistencia sanitaria. También sostenemos que los tratamientos de transición de género son negligencia médica.

Defendemos enérgicamente el derecho de los padres a proteger a sus hijos de los requisitos de "afirmación de género". Pedimos una legislación que prohíba cualquier forma de reasignación de género de los niños.

El Partido de la Solidaridad Americana reconoce que las armas de fuego son herramientas excepcionalmente eficaces tanto para usos legítimos (como la caza y la protección personal) como para usos ilegítimos (como el homicidio criminal y el suicidio). También reconocemos que nuestro país tiene tanto una larga historia de propiedad privada de armas de fuego como un problema actual de violencia armada, y que las causas profundas de dicha violencia van más allá del acceso a las armas de fuego. Creemos que la normativa y las políticas en materia de armas de fuego deben basarse en pruebas y equilibrar los intereses de la seguridad pública y los derechos individuales.

Apoyamos el fortalecimiento del Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS) mediante su plena financiación y la ampliación de su capacidad para procesar todas las solicitudes de verificación de antecedentes en un plazo de 72 horas. Los organismos estatales y federales también deben comunicar puntualmente toda la información pertinente al NICS.

Apoyamos la normalización de las definiciones penales en todos los organismos federales y estatales para evitar la notificación errónea de información al NICS. 

Pedimos a los estados ofrecer clases gratuitas sobre el manejo y almacenamiento seguro de las armas de fuego, y que las pongan a disposición de todos los residentes; esto incluye la educación sobre la seguridad de las armas de fuego apropiada para cada edad en las escuelas públicas. También apoyamos las leyes de almacenamiento seguro con la provisión de dispositivos de almacenamiento a quienes no puedan adquirirlo fácilmente.

Apoyamos la legislación de “emisión obligatoria” para los permisos de portación oculta.

Apoyamos un periodo de espera de 72 horas para la compra de armas de fuego. 

El Partido de Solidaridad Americana cree que la familia natural, fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer, es la unidad fundamental y la base de toda sociedad humana. La desintegración familiar es una de las principales causas de los problemas sociales generalizados en este país. Para promover familias estables, al Estado le interesa apoyar el matrimonio reconocido como la unión exclusiva de un hombre y una mujer para toda la vida. Al mismo tiempo, reconocemos que el Estado debe apoyar las necesidades de todas las personas—especialmente los niños, así como los ancianos y los discapacitados—independientemente de la estructura del hogar.

Pedimos la derogación de las políticas fiscales y de bienestar social que penalizan a hombres y mujeres por casarse o fomentan el divorcio, especialmente para los que reciben asistencia pública.

Pedimos la derogación de las leyes y la revocación de las decisiones que definen el matrimonio como cualquier cosa que no sea la unión exclusiva de un hombre y una mujer para toda la vida, incluidas las que permiten la poligamia, el divorcio sin culpa o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pedimos que la ley facilite que los miembros del hogar, con o sin relación sentimental, sean incluidos en los planes de asistencia sanitaria y alivie las cargas de la transferencia de bienes y la propiedad de bienes.

Reclamamos políticas a favor de la familia, como pagos directos a las familias en proporción al número de hijos que tengan y un subsidio directo a los cuidadores que se queden en casa. 

Debemos apoyar los mismos beneficios para las familias extensas y los hogares en función del número de personas mayores y discapacitadas a las que cuidan como cuidadores principales.

Pedimos a los gobiernos que financien la ampliación de los centros de albergue para víctimas de violencia doméstica y negligencia. Los refugios deben contar con los recursos necesarios para acoger el traslado rápido y seguro de las víctimas lejos de sus maltratadores y proporcionarles todo el espectro de servicios que necesitan para recuperar sus vidas.

Nos oponemos a la mercantilización de los niños y del proceso reproductivo; por tanto, deben prohibirse la gestación subrogada, la donación de óvulos y los bancos de esperma.

Pedimos a los gobiernos estatales y locales que aumenten las ayudas materiales a las familias adoptivas y de acogida y que agilicen las leyes de adopción para las parejas de matrimonios tradicionales. Pedimos que se mejoren las leyes estatales y locales en materia de acogida para ayudar a reunir a los niños con sus padres biológicos cuando no haya problemas de seguridad. Animamos a los estados a que adopten leyes que faciliten que un niño adoptado pueda reunirse con su familia biológica cuando sea adulto.

Nos oponemos a todos los intentos de separar a los niños de sus padres biológicos cuando no exista preocupación por malos tratos o negligencia, o de presionar a las madres para que den a sus hijos en adopción debido a las circunstancias de su vida.

Pedimos a los gobiernos que destinen fondos públicos a organizaciones que promuevan matrimonios estables y sanos y el florecimiento de los niños, incluidos los servicios prestados por instituciones religiosas con valores religiosos.

Apoyamos las políticas pro natalidad que capacitan a las familias para dar la bienvenida al mundo a sus hijos mitigando las barreras económicas y sociales, incluidas los "bono de bebé" y un tratamiento fiscal favorable para los gastos en que incurren las familias en crecimiento, como vivienda, transporte y guarderías.

El Partido de la Solidaridad Americana cree que la educación es un derecho vital para la formación de la persona humana y el bien de la sociedad. Abogamos por opciones educativas asequibles, diversas y completas.

Reconocemos que la responsabilidad de la educación de los hijos reside principalmente en la familia. Las familias deben tener libertad para elegir entre educar a sus hijos en casa o enviarlos a escuelas públicas o privadas, a fin de asegurar mejor su futuro. Para lograrlo, pedimos pagos directos a las familias para apoyar mejor sus necesidades, con financiación especial para familias con niños discapacitados. Además, deben derogarse todas las "Enmiendas Blaine" estatales restantes que prohíben la financiación de escuelas religiosas. Apoyamos las escuelas públicas comunitarias que son locales, a escala humana, bien integradas en los barrios y responsables ante los padres y los gobiernos locales.

Los planes de estudios deben ser fijados por los profesores junto con los padres, dentro de los parámetros establecidos por las autoridades locales, y no deben estar excesivamente estandarizados. Rechazamos toda política por parte de las escuelas públicas que permita ocultar a los padres información sobre la salud y el desarrollo social de los hijos menores de edad. Sostenemos que todos los estados deberían crear y/o modificar programas de certificación alternativos para que los hombres y mujeres con titulaciones en materias específicas, incluidas las Ciencias, las Lenguas distintas del inglés y las Matemáticas, sean alentados y capacitados para convertirse en profesores. Se debería animar a todos los estados a adoptar una escala salarial basada en la experiencia del profesor, el desarrollo profesional continuado y la evaluación de la enseñanza en clase del profesor. Animamos a los estados a crear programas en los que se incentive a los profesores a trabajar en distritos escolares rurales y de bajos ingresos.

Pedimos que los sistemas escolares pongan fin a su excesiva dependencia de la tecnología. La carrera armamentística tecnológica en las escuelas ha provocado un impacto destructivo en los resultados educativos, una disminución de la capacidad de atención, una división entre los distritos escolares urbanos y rurales, y violaciones generalizadas de la integridad académica.

Reconocemos que los exámenes estandarizados no deben ser el factor más significativo para medir el éxito de los estudiantes y las escuelas. Los Estados también deben permitir que los sistemas escolares locales prueben asignaturas no curriculares, incluidas clases sobre virtudes cívicas, artes y diversos oficios, con el fin de alejarse de un enfoque educativo centrado en asignaturas "examinadas".

Sostenemos que debe exigirse que las clases de educación sexual, cuando se impartan, incluyan información precisa sobre la fertilidad, el desarrollo prenatal, los riesgos de los anticonceptivos hormonales y las pruebas científicas de que el aborto acaba con una vida humana.

Defendemos unas prioridades de gasto tanto para los distritos escolares locales como para los sistemas públicos de enseñanza superior que den prioridad a los profesores y a la enseñanza en las aulas y se opongan a la inflación presupuestaria en administración e instalaciones.

Apoyamos un mayor acceso a la educación superior para todos, especialmente para los más desfavorecidos económicamente. Pedimos que todos los niveles de gobierno apoyen la educación superior pública a un nivel que elimine las barreras económicas. 

Pedimos que las instituciones de enseñanza superior compartan el riesgo financiero asociado a todos los préstamos estudiantiles. También pedimos que los préstamos a los estudiantes sean condonables en caso de quiebra, y que se condone parcial o totalmente la deuda estudiantil financiada mediante los impuestos de las dotaciones universitarias. Reconocemos que las instituciones de enseñanza superior con ánimo de lucro deben estar estrechamente reguladas para evitar las prácticas de préstamos abusivos.

Las instituciones de enseñanza superior deberían estar obligadas a difundir entre los estudiantes información sobre el potencial de ingresos y de colocación laboral de cada titulación o programa de certificación patrocinado.

El Partido de Solidaridad Americano cree que mantener la paz y el orden público es una responsabilidad fundamental encomendada a todos los niveles de gobierno. También reconocemos que en muchos casos nuestro sistema judicial es duro e ineficaz. A pesar de tener la mayor población encarcelada del mundo, no hemos conseguido que las comunidades sean seguras ni hemos abordado las disparidades económicas y raciales en las detenciones, condenas y sentencias. Apoyamos reformas para garantizar simultáneamente la seguridad pública, asegurar la justicia individual y reducir la naturaleza excesivamente punitiva del sistema.

Pedimos a los gobiernos que aborden las causas de la delincuencia, como el desmoronamiento de las instituciones sociales, los prejuicios estructurales y las privaciones. Prevenir y castigar la delincuencia es un servicio público esencial, por lo que nos oponemos a la privatización de servicios policiales y las instituciones penales.

Reconocemos que, como servidores públicos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ser apoyados y sometidos a los más altos niveles de profesionalidad. Apoyamos una estricta rendición de cuentas por el uso de fuerza letal. Apoyamos medidas que aumenten la transparencia y la confianza entre los servicios policiales y las comunidades a las que sirven, incluido el uso de cámaras corporales, juntas de revisión civiles y la expansión de la policía comunitaria.

Reconocemos que nuestro sistema judicial perjudica sistemáticamente a los pobres. Pedimos un aumento de la financiación estatal para nuestro sistema de defensa pública y el fin de las fianzas en efectivo, las tasas judiciales y los programas que permiten la eliminación de antecedentes penales a cambio del pago de tasas más elevadas. Deben anularse las sentencias mínimas obligatorias y las leyes de los tres “strikes", especialmente para los delincuentes no violentos.

Sostenemos que el gobierno debe tener especial cuidado en garantizar que todas las personas, independientemente de su origen racial, étnico o comunitario, reciban un trato justo ante la ley, como por ejemplo limitando los poderes discrecionales de jueces y fiscales en las acusaciones penales y en las sentencias.

Reconocemos que las prisiones están diseñadas para delincuentes peligrosos. Nos oponemos al encarcelamiento por enfermedad mental, falta de vivienda o pobreza. Reconocemos que nuestro sistema penitenciario debe centrarse en rehabilitar a los infractores de la ley y apoyar la reforma de la comunidad y la justicia correctiva que conduzcan a una rápida restauración en lugar de la prisión. Reconocemos que los delincuentes peligrosos aún poseen dignidad humana. Apoyamos el aumento de la financiación de programas destinados a preparar a los presos para la vida fuera de la cárcel. Pedimos que se ponga fin a la utilización de presos como mano de obra esclava. Los presos deben ser remunerados por el trabajo realizado con el salario mínimo estándar. Reconocemos que la reclusión de hombres biológicos en cárceles de mujeres amenaza la seguridad, los derechos y la dignidad de las reclusas.

Reconocemos que el consumo recreativo de drogas es un daño social. La aplicación de la legislación sobre drogas debería centrarse en prevenir la distribución y la producción en lugar de castigar a los consumidores. Los fondos que se gastan actualmente en la "guerra contra las drogas" deberían reorientarse hacia la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Sin embargo, nos oponemos a las formas de legalización de las drogas que promueven el desarrollo de las drogas recreativas como una industria corporativa.

Creemos que la pornografía y la prostitución son graves males sociales profundamente entrelazados con la trata de seres humanos, las agresiones sexuales y los abusos a menores. Sostenemos que las leyes contra la prostitución deben centrarse en sacar del ciclo de explotación a quienes participan en él y sancionar principalmente a quienes compran sexo o conciertan su compra. Apoyamos las leyes que penalizan la producción y venta de pornografía y negamos categóricamente que la pornografía sea un discurso protegido. Pedimos a los gobiernos combatir enérgicamente la trata de seres humanos.

El Partido de la Solidaridad Americana reconoce que una persona no puede tener más autoridad que Dios, una autoridad que impone deberes a cada persona. Especialmente en nuestra sociedad pluralista, debemos tener especial cuidado en respetar esos deberes en la medida de lo posible, y proporcionar protección a las instituciones religiosas y a las personas que viven sus creencias sinceras. Reconocemos el derecho de las personas de todas las confesiones a practicar su religión sin intimidación, y nos oponemos al laicismo que pretende eliminar la religión de la esfera pública. 

Estamos comprometidos con el "libre ejercicio de la religión" garantizado por la Primera Enmienda, que no debe limitarse a la "libertad de culto" que sólo existe en privado y dentro de un lugar de culto. La fe es una expresión pública.

Pedimos a los gobiernos que promulguen y mantengan leyes que protejan a las instituciones religiosas, las empresas y los individuos de la responsabilidad civil o penal por elegir seguir su fe en cuestiones relativas a la vida, la atención sanitaria, la moralidad, la sexualidad y el matrimonio.

Sostenemos que los gobiernos deben salvaguardar la protección de la conciencia de los empleadores y las organizaciones benéficas en los ámbitos de la salud, la educación y el bienestar que no deseen participar en actividades que contradigan sus convicciones sinceras. No debe obligarse a las instituciones religiosas, como universidades, agencias de adopción y hospitales, a transigir en principios fundamentales de sus creencias.

Creemos que la prohibición de la Primera Enmienda contra el establecimiento de una religión no exige la erradicación de los símbolos religiosos de los actos y propiedades de la comunidad. Mientras no se obligue a nadie a respaldar una actividad o a participar en ella, las comunidades tienen intrínsecamente derecho a celebrar actos religiosos y expresar valores religiosos sin distinciones artificiales que obliguen a los creyentes religiosos a comprobar su fe en la puerta de la plaza pública.

El Partido de Solidaridad Americana cree que algunos ciudadanos, incluidos los que pertenecen a  minorías raciales, las mujeres, y los discapacitados, se enfrentan a retos únicos, tanto históricos como actuales, que pueden abordarse a través de programas contra la pobreza y de una re-examinación de nuestros prejuicios culturales que se oponen a la llamada bíblica a la fraternidad humana.

Reconocemos la persistencia de la discriminación por motivos de religión, raza, etnia, discapacidad y sexo, y apoyamos las leyes que favorecen la igualdad de acceso a las urnas, los tribunales, la vivienda y la educación. La imagen de Dios está presente en todos los pueblos, y la política debe tender hacia el florecimiento humano y el bien común de todos, independientemente de las características personales.

Pedimos políticas que eliminen y superen las barreras artificiales erigidas para degradar las comunidades raciales minoritarias y para privarlas del derecho a la libertad, prosperidad y dignidad prometido por el Sueño Americano. Las injusticias del pasado deben curarse mediante un tipo de reparaciones específicamente diseñadas para garantizar el adueñamiento, negada durante tanto tiempo, de nuestra prosperidad común. También apoyamos la reinversión en infraestructuras prioritarias para las comunidades históricamente marginadas.

Pedimos subvenciones para proyectos de restauración de tierras indígenas. Debe haber una moratoria sobre la reubicación de indígenas. Deben respetarse las obligaciones de los tratados y, al mismo tiempo, poner nuestros recursos al alcance del miembro tribal cualquiera.

Creemos que la enseñanza de la historia estadounidense debe incluir también la enseñanza de las diversas historias de las minorías raciales y étnicas, incluso antes de los establecimientos Hispanos de los siglos XV y XVI. Estas historias son historias americanas y merecen ser contadas de forma inclusiva, no en competencia con nuestra narrativa histórica existente, sino para enriquecerla con más matices, plenitud y profundidad.

El Partido de la Solidaridad Americana cree en un gobierno que respete y apoye los principios de la dignidad humana y la fraternidad. La Declaración de  Derechos y las posteriores enmiendas constitucionales han reconocido derechos derivados de estos ideales, como el libre ejercicio de la religión, la libertad de expresión y reunión, un sistema de justicia imparcial y la igualdad de protección ante la ley. Además de proteger las libertades civiles, el gobierno debe tomar medidas para promover la libre investigación, restringiendo la consolidación de los medios de comunicación y la propiedad intelectual.

Apoyamos la defensa vigorosa de los derechos de reunión pública, libertad de expresión y libertad de prensa, entendidos a través de la tradición de la libertad ordenada.

Nos oponemos al servicio obligatorio en las fuerzas armadas y a otras formas de servicio gubernamental obligatorio, excepto en casos de clara y actual necesidad durante una guerra declarada, como se describe en nuestra sección de Política Exterior. Apoyamos los derechos de los objetores por conciencia. Nos oponemos a la inscripción obligatoria de las mujeres en el sistema del Servicio Selectivo.

Sostenemos que el gobierno no debe utilizar la "seguridad nacional" para justificar la expansión de la censura y la clandestinidad. Nuestro compromiso con las libertades civiles incluye la derogación total del Acta Patriótica y el restablecimiento de los derechos civiles básicos, incluido el derecho de los ciudadanos a un juicio rápido en tribunales civiles. Los tribunales secretos, como el tribunal FISA, deben ser abolidos, y los tribunales militares deben volver a desempeñar el papel que les corresponde. Los no combatientes extranjeros no deben ser detenidos en instalaciones estadounidenses ni enviados por agentes del gobierno federal a prisiones extranjeras.

Nos oponemos al estrangulamiento de la ciencia y la cultura mediante leyes de propiedad intelectual indebidamente restrictivas. Pedimos la revisión de los derechos de autor y las patentes existentes, y un cambio de las normas en torno a la concesión y aplicación de los derechos de autor y las patentes con el fin de reducir los precios de los recursos necesarios. Los derechos de autor y patentes legítimos deben arrendarse al valor del mercado. Apoyamos el aumento de la financiación y la responsabilidad pública de la investigación científica, especialmente en salud pública para aumentar la preparación ante emergencias en caso de pandemias. Reclamamos una mayor propiedad no comercial de los medios de comunicación para la continuidad de las artes, el entretenimiento y la expresión libre. Pedimos una regulación estricta de la publicidad en los espacios públicos para limitar su ubicuidad.

Consideramos que el Internet es un servicio público y defendemos la neutralidad de la red para proteger a los usuarios de los abusos de las empresas tecnológicas.

Apoyamos la creación de proveedores de servicios de Internet (ISP) locales y públicos y el acceso inalámbrico universal a Internet. Los historiales de navegación y otros datos de los usuarios recogidos por los ISP deben ser destruidos a menos que su conservación sea exigida específicamente por una orden judicial.

Creemos que, si bien el gobierno tiene la responsabilidad de reducir la consolidación de los medios de comunicación, no debe utilizar sus recursos para censurar los medios o el Internet, ni para violar la propia privacidad digital. No debe haber una recogida indiscriminada y no autorizada de datos de los teléfonos y computadoras de ciudadanos estadounidenses o extranjeros. El gobierno debe reformar las leyes y los acuerdos comerciales que permiten la vigilancia del uso personal de Internet para delitos no penales, como la infracción de los derechos de autor.

El Partido de la Solidaridad Americana cree que la economía política es una rama de la ética política y, por lo tanto, rechaza los modelos de comportamiento económico que socavan la dignidad humana con la codicia y el egoísmo. Abogamos por un sistema económico que libere a las personas de ser engranajes de una máquina despiadada, creando en su lugar una sociedad de propiedad generalizada, o distributismo. 

Creemos que la economía estadounidense debe ordenarse para dar prioridad a la dignidad humana y reconocer que la familia es la unidad básica de producción económica. Estamos comprometidos con las políticas que ponen énfasis en la producción local, las empresas familiares y las estructuras de propiedad cooperativa. La política debe alentar e incentivar a las familias que dirigen sus propias pequeñas empresas y ayudarles a proporcionar salarios justos a sus trabajadores.

La política gubernamental no debe favorecer a las grandes corporaciones, ni ayudarlas a competir con las pequeñas empresas, ni fomentar la sobrecarga administrativa.

Para desincentivar la expansión excesiva del poder empresarial, las empresas deberían tributar progresivamente por cada ubicación y por la expansión hacia distintos tipos de mercancías y servicios.

Reclamamos un uso expansivo de la legislación antimonopolio para acabar con las empresas multinacionales y los bancos "demasiado grandes para quebrar". También pedimos la disolución de los conglomerados de medios de comunicación, las grandes empresas tecnológicas y las industrias excesivamente concentradas que hacen a Estados Unidos especialmente vulnerable a accidentes y trastornos industriales.

Apoyamos la limitación del poder político ejercido a través de la construcción legal de la "personalidad" de las organizaciones y corporaciones.

Pedimos que se restablezca el requisito de que las corporaciones deben servir a un bien público para que se les conceda el beneficio de la responsabilidad limitada.

Apoyamos la prohibición tanto de los estatutos de las empresas que exigen que el beneficio de los accionistas prevalezca sobre consideraciones como el bienestar de los empleados y la protección del medio ambiente, como también a la derogación de la legislación estatal que exige lo mismo. Queremos limitar el poder político de las organizaciones y empresas.

Reconocemos que "quien oprime a los pobres se burla de su Creador". Los rentistas y especuladores económicos que no producen nada, sino que sólo extraen dinero a través de relaciones corruptas con el poder público, tienen que pagar lo que les corresponde mediante impuestos sobre la tierra y las transacciones financieras. Pedimos una mayor regulación del sector bancario y del mercado de valores para evitar rescates corporativos; en su lugar, estamos a favor de distribuir las acciones de propiedad del capital a la gente común.

Reclamamos prácticas de préstamo orientadas a la comunidad, sin intereses, y organizaciones de ayuda mutua complementadas con crédito social anticíclico para sustituir a los agentes de préstamos depredadores que se dirigen a las comunidades de clase trabajadora. Debemos rechazar un sistema financiero basado en cargar a los trabajadores con deudas y pagos de intereses, y en su lugar adoptar uno que fomente la actividad productiva. Pedimos una mayor responsabilidad legal por parte de los acreedores y vendedores para que vigilen las actividades fraudulentas, como la usurpación de identidad. Apoyamos las iniciativas para un jubileo de la deuda y otras formas de alivio de la deuda. 

Pedimos el fin de la propiedad extranjera sobre granjas domésticas, bienes raíces e industrias nacionales. Queremos un mayor apoyo a las pequeñas fincas familiares, las cooperativas agrícolas, los fideicomisos de tierras agrícolas y los huertos comunitarios. También pedimos el fin de las leyes de zonificación punitivas que afectan injustamente a nuestros ciudadanos más pobres impidiéndoles dedicarse a la agricultura y la ganadería a pequeña escala. Pedimos un programa de huertos familiares, cría distribuida de animales, educación sobre manipulación de alimentos y educación sobre conservación de alimentos basado en los "huertos de la victoria" de la época de la Segunda Guerra Mundial, para acabar con la escasez de alimentos e inculcar resiliencia en las cadenas de suministro.

Reconocemos que los monopolios naturales y la herencia común del mundo natural deben ser estrechamente gestionados y protegidos por el público, no entregados a los oligarcas. Reclamamos políticas que entreguen a los ciudadanos su parte justa de nuestra riqueza común para distribuir ampliamente la propiedad privada y para la herencia de los recursos naturales en forma de dividendo ciudadano y bonos de bebé.

Se deberá imponer impuestos sobre el valor de la tierra para financiar proyectos de infraestructura en lugar de pagos de bonos e impuestos sobre la propiedad para que quienes más se benefician de las obras públicas asuman la carga y no se penalice la mejora de la tierra.

Apoyamos el movimiento por el derecho a reparar. Cuando sea posible, los productos deben fabricarse con la posibilidad de añadir, modificar o eliminar piezas o programas informáticos para que la gente pueda reparar el producto en lugar de sustituirlo, y esto debe incentivarse con una política reguladora.

Le pedimos al Surface Transportation Board (Junta de Transporte de Superficie) que garantice que los ferrocarriles satisfacen las necesidades de sus clientes y que prohíba a los ferrocarriles participar en la recompra de acciones y el pago de dividendos si no alcanzan una calificación satisfactoria. Deben cesar las políticas de programación precisa que han despojado a los ferrocarriles del personal necesario para operar con seguridad los trenes. Pedimos que se amplíen las redes ferroviarias para conectar más comunidades a fin de reducir nuestra dependencia de la logística del transporte por camión de larga distancia y ofrecer alternativas al transporte aéreo y en automóvil para el transporte personal. Las autopistas de peaje deben basarse en función del peso y el tamaño de los vehículos para contabilizar adecuadamente los costes de mantenimiento. Reconocemos que es peligroso y perjudicial que grandes partes de nuestra cadena de suministro dependan de potencias extranjeras. Pedimos una política industrial intervencionista para devolver la fabricación a nuestro país.

El Partido de Solidaridad Americano cree que tenemos la responsabilidad de abogar por salarios, condiciones de trabajo y relaciones laborales justos, junto con asistencia pública para los necesitados. Creemos que, si bien el trabajo tiene un valor y una dignidad inherente, por sí solo no proporciona ni puede proporcionar todo lo que es esencial para la salud y el florecimiento humanos. Por ello, el estado debe garantizar razonablemente que el trabajo esté justamente remunerado, sea seguro y no afecte injustificadamente a los demás aspectos de la vida que son esenciales para el florecimiento del individuo, la familia y la sociedad. Nuestro objetivo es crear condiciones que permitan a las familias con un solo ingreso mantenerse con dignidad.

Las regulaciones del mercado laboral, la expansión del accionariado asalariado, el apoyo a los cuidadores y las políticas que abordan el coste de la vida deben tener como objetivo hacer realidad un salario familiar. Reconocemos que las empresas gerenciadas por sus trabajadores pueden liberar a la mano de obra de la esclavitud salarial. Cuando existen desequilibrios de poder entre los propietarios, la gestión de las empresas y sus trabajadores, estos desequilibrios deben mitigarse mediante el derecho de los trabajadores a sindicarse. Apoyamos el derecho de los contratistas independientes a formar órganos representativos que participen en la toma de decisiones de la empresa. Apoyamos el apoyo normativo y fiscal a la transición de los trabajadores para que compartan la propiedad y la gestión de su producción, como los gremios, las cooperativas y los programas de participación accionarial de los empleados.

Apoyamos la legislación que obliga a establecer una proporción máxima de remuneración entre los empleados menos pagados y los mejor pagados, calculado para incluir las indemnizaciones por despido.

Apoyamos políticas que fomenten tanto la reforma como el fortalecimiento de los sindicatos, con la vista puesta en recuperar el celo y la participación anterior del miembro medio del sindicato frente a los administradores y abogados. Esta necesidad de reforma para implicar mejor a los trabajadores en la toma de decisiones es especialmente evidente en el sector público. Los esfuerzos de las entidades privadas por impedir las actividades sindicales o tomar represalias contra los trabajadores que se organizan en defensa de sus derechos deben resistirse a todos los niveles.

Apoyamos la protección de la conciencia de los trabajadores para que puedan participar en actividades políticas sin temor a represalias por parte de los empleadores. Los trabajadores no deben temer ser despedidos por sus actividades políticas mientras no estén en el trabajo y no estén utilizando recursos de la empresa.

Insistimos en que cualquier empresa que desee externalizar la producción debe ofrecer a los trabajadores de la fábrica afectada el derecho preferente a comprar la fábrica y gestionarla ellos mismos. El gobierno ayudará a los trabajadores en este empeño con apoyo financiero y acceso preferente a la contratación pública. Pedimos que las prestaciones por desempleo incluyan la opción de permitir a los beneficiarios recibir sus prestaciones en forma de capital inicial para crear o comprar negocios o crear empresas cooperativas que les ayuden a salir de la pobreza por sus propios medios.

Reconocemos que privar a los trabajadores de su salario es un "pecado que clama al cielo". Los gobiernos deben investigar con urgencia todos los casos de robo y fraude salarial. La discriminación laboral injusta y las malas condiciones de trabajo obstaculizan la promoción profesional y la estabilidad económica y representan una afrenta a la dignidad humana. Insistimos en la protección jurídica de la seguridad en el trabajo y la remuneración justa, la buena fe en la contratación y la retención, y la licencia remunerada por enfermedad y crianza de los hijos.

Apoyamos una legislación laboral que garantice a los trabajadores horarios razonablemente previsibles y días de descanso constantes siempre que sea posible, dando prioridad al restablecimiento de las leyes azules, con horas extraordinarias obligatorias para los trabajadores obligados a trabajar esos días, y protecciones especiales dadas a todos los días de importancia religiosa de todas las fes.

Apoyamos el teletrabajo en situaciones en las que el trabajo pueda realizarse a distancia. Apoyamos además el derecho de los trabajadores a desconectarse de las comunicaciones relacionadas con el trabajo fuera de su horario laboral.

Mantenemos que los organismos gubernamentales que trabajan con personas discapacitadas deben garantizar que las prestaciones económicas se apliquen de forma justa y coherente; también deben hacer un mayor esfuerzo para incorporar a las personas discapacitadas al empleo garantizando que se les proporcione la formación, las conexiones profesionales y las adaptaciones adecuadas. Debemos dar prioridad a la inclusión de las personas con discapacidad en la vida recreativa y cívica, incluidos los programas de voluntariado.

Dado que las familias extensas proporcionan un apoyo relacional que ninguna agencia gubernamental puede ofrecer, pedimos que los gobiernos estatales realicen pagos directos a las familias en función del número de personas mayores y discapacitadas a las que cuidan como cuidadores principales, así como que faciliten la inclusión de estos miembros de la familia extensa en los planes de asistencia sanitaria, alivien las cargas de la transferencia de activos y la propiedad de bienes familiares durante la herencia, y reduzcan los impuestos sobre la propiedad para los hogares multigeneracionales.

Abogamos por redes de seguridad social que cubran las necesidades materiales de los más vulnerables de la sociedad. Estos programas también deben ayudar a los más vulnerables a encontrar un camino para salir de la pobreza, proporcionándoles las herramientas que necesitan para participar plenamente en sus comunidades con dignidad, y no atraparlos como mano de obra subvencionada para intereses privados. Nos oponemos a los recortes estatales y federales de los programas de cupones de alimentos, seguridad social, asistencia pública y programas educativos que excluyen un modelo viable para reformar en interés de los beneficiarios. Pedimos que se ponga fin al tope fiscal FICA para restablecer la solvencia a largo plazo del fondo fiduciario de la Seguridad Social.

Apoyamos la mejora de la formación, la actualización de los sistemas informáticos y la elaboración de informes sobre lo que necesitan los organismos de bienestar, seguridad social e impuestos para que estos sistemas funcionen con menos frustraciones para todos.

El Partido de la Solidaridad Americana cree que la admonición bíblica de acoger al extranjero crea una obligación con los inmigrantes y refugiados que buscan entrar en nuestro país. Debemos promulgar políticas que concilien el interés legítimo de los estadounidenses en unas fronteras seguras con un compromiso básico con la dignidad humana. Este esfuerzo requerirá abordar no sólo la crisis en nuestras fronteras, sino también las causas profundas de la migración, muchas de las cuales tienen que ver con el uso que hace nuestro país de su poder militar, político y económico en el extranjero.

Sostenemos que el gobierno federal tiene la responsabilidad de implementar fronteras seguras, protegidas y ordenadas. Esto significa que deben establecerse instalaciones adecuadas y humanas para albergar y procesar a los migrantes, porque Dios aborrece la crueldad con los vulnerables. Hay que impedir los pasos fronterizos fuera de estos lugares para combatir la trata y el tráfico de personas. Deben abolirse los centros de detención con ánimo de lucro. El sistema jurídico que supervisa la tramitación de las solicitudes de asilo e inmigración debe contar con los recursos adecuados para determinar rápidamente cuáles solicitudes son válidas y no mantener a los inmigrantes en un limbo jurídico.

Proponemos un camino hacia la ciudadanía para los "Dreamers" traídos a Estados Unidos cuando eran niños y abogamos por ajustes razonables para los inmigrantes no autorizados sin antecedentes penales que buscan la residencia permanente.

Apoyamos diversas iniciativas para tender puentes entre las comunidades y los inmigrantes recién llegados, como clases de educación cívica e inglés para inmigrantes.

Pedimos una política generosa de asilo para los refugiados de persecuciones religiosas, políticas, raciales y de otro tipo. Las solicitudes de asilo deben evaluarse con vistas a integrar a los refugiados en las comunidades estadounidenses.

Apoyamos la ampliación de las protecciones laborales a todos los trabajadores, independientemente de su situación legal, para evitar su explotación. Pedimos que la aplicación de las leyes de inmigración dé prioridad a la disminución de las prácticas de contratación ilegal frente a las deportaciones masivas. También deben reformarse los programas de visados temporales para evitar que las empresas exploten a los trabajadores temporales o pongan en desventaja a sus homólogos estadounidenses en profesiones calificadas.

Pedimos acuerdos comerciales equitativos que ayuden a hacer de la inmigración una opción, en lugar de una necesidad, abordando las privaciones económicas en los países en desarrollo.

El Partido de Solidaridad Estadounidense cree que el florecimiento de la vida cívica requiere más autogobierno para las comunidades locales, políticas de zonificación favorables a las empresas orientadas a la comunidad, precios de viviendas justos y una política de transporte accesible.

Apoyamos y fomentamos medidas que permitan a las comunidades locales limitar el poder de intereses externos en la gestión de sus tierras. Los sindicatos de inquilinos, los fideicomisos de tierras comunitarias y el desarrollo orientado a la comunidad deben ser apoyados en el esfuerzo por garantizar la disponibilidad de viviendas asequibles con derechos contra los propietarios caprichosos y el desalojo injusto.

También buscamos políticas de las comunidades locales para construir más viviendas, incluso diferentes tipos de viviendas en los mismos barrios, con el fin de aumentar la disponibilidad de viviendas y reducir los precios.

Reconocemos que los gobiernos estatales deben apoyar la flexibilidad que pueden ejercer los gobiernos locales en cuestiones políticas y no suplantarlos. Creemos que los niveles superiores de gobierno son responsables ante los niveles inferiores. Nos oponemos a los "créditos fiscales a la baja", que incentivan los intereses comerciales externos para dominar las comunidades. Y pedimos que las auditorías de los funcionarios públicos se conviertan en algo normal. Creemos que los municipios deben apoyar la propiedad pública y local de los espectáculos que subvencionan, como equipos deportivos y centros de arte.

Apoyamos las políticas de planificación local que construyan comunidades fuertes y resilientes, lo que incluye poner fin a la expansión de las autopistas y a los mandatos y subvenciones de estacionamiento. Creemos en el apoyo estatal al buen funcionamiento del transporte público y las aceras, sobre todo para garantizar comunidades más accesibles. Apoyamos la creación de riqueza comunitaria mediante incentivos para las pequeñas empresas de barrio y las instituciones financieras localizadas.

Pedimos políticas que favorezcan la producción local y la reforma de las leyes de zonificación y las políticas de desarrollo para desalentar la expansión urbana y suburbana, permitiendo que las comunidades prosperen sin la necesidad de automóviles privados.

Apoyamos las leyes de zonificación que favorecen a las pequeñas empresas y la conservación frente a la inversión corporativa a gran escala y cerrar los negocios de vicio como los clubes de striptease y los casinos. Reclamamos ordenanzas locales que limiten las horas de funcionamiento de los comercios con el fin de promover el tiempo para el descanso, el culto y la vida familiar y comunitaria.

Pedimos programas de empleo para evitar la "fuga de cerebros" de las zonas de renta baja.

Insistimos en que los recursos públicos deben seguir siendo públicos, incluidos los servicios de transporte, las autopistas y puentes de peaje, la policía comunitaria y el control de aparcamientos, las prisiones y los servicios públicos de energía y agua.

El Partido de Solidaridad Americana cree que las leyes y procedimientos electorales obsoletos han contribuido a una oligarquía política osificada, a la polarización y al estancamiento. Debería ser fácil votar y presentarse a las elecciones, así como para los votantes elegir efectivamente a terceros partidos y a otros candidatos menos conocidos. La reforma electoral es vital para que el poder político deje de estar en manos de unos pocos y pase a manos de la mayoría.

Pedimos que la Cámara de Representantes y las cámaras bajas de las legislaturas estatales se elijan mediante un sistema de representación proporcional. Proponemos que todas las elecciones se celebren mediante un sistema de elección por orden de preferencia o mediante una votación de aprobación. Apoyamos leyes que garanticen que los votantes puedan registrarse y votar fácilmente. Nos oponemos a las leyes que imponen cargas irrazonables al registro de votantes.

Pedimos que se facilite el acceso a información imparcial sobre candidatos e iniciativas electorales en los medios de comunicación públicos impresos y audiovisuales.

Insistimos en que los candidatos a cargos públicos independientes y de partidos minoritarios deben tener un acceso justo y equitativo a las papeletas electorales. Este derecho no debe ser infringido por cargos tales como requisitos exorbitantes de firmas de votantes y tasas de presentación. 

Apoyamos los programas piloto en varios estados que hacen que el voto, oficialmente designado como entrega y devolución de papeletas, esté disponible a través de un sistema electrónico para los miembros del ejército y los votantes discapacitados. Apoyamos que dicho sistema se ponga a disposición de todos los votantes, prestando especial atención a los aspectos técnicos y de seguridad, al tiempo que se mantienen las opciones de voto en persona y voto por correo.

El Partido de la Solidaridad Americana cree que Estados Unidos debe comprometerse con un mundo más pacífico mediante la cooperación internacional y la restricción del uso de la fuerza militar a una interpretación estricta de la teoría de la guerra justa. La paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia positiva de la justicia y la caridad entre las personas y entre las naciones. Las administraciones de ambos partidos han seguido una política de sobreextensión imprudente, con un gran coste tanto para nosotros como para otras naciones. Nos oponemos a este consenso anticuado de las élites y creemos que Estados Unidos debe utilizar su influencia para promover un orden internacional que respete la dignidad de la persona humana por medios que no sean la agresión.

Creemos que la guerra justa exige que la guerra sólo sirva como último recurso contra actos graves de agresión y debe emprenderse con objetivos claros y teniendo debidamente en cuenta las consecuencias imprevistas. La conducción de la guerra debe regirse por normas de proporcionalidad y respeto por la vida humana. Las intervenciones militares de Estados Unidos rara vez han cumplido los principios de la guerra justa y normalmente han sido contraproducentes. Pedimos que se ponga fin al ejercicio de la hegemonía militar en el mundo.

Insistimos en que Estados Unidos debe poner fin a la intervención militar unilateral en países extranjeros, excepto como respuesta a un ataque real o inminente contra Estados Unidos o a una amenaza catastrófica para la seguridad internacional para la que no exista una respuesta multilateral y no tengamos una declaración formal de guerra. Rechazamos el uso de drones letales contra poblaciones civiles o en países neutrales.

Nos oponemos a que se alimenten conflictos en el extranjero mediante la venta de armas estadounidenses.

Pedimos al Congreso que reafirme los poderes de guerra que le otorgan la Constitución y la Ley de Poderes de Guerra. Rechazamos las autorizaciones excesivamente amplias para el uso de la fuerza militar que han dado a los presidentes de ambos partidos cobertura legal para lanzar nuevos conflictos sin controles ni equilibrios. 

Pedimos una reducción deliberada de las bases militares en el extranjero, salvo las necesarias para proteger misiones diplomáticas o cumplir obligaciones explícitas derivadas de tratados.

Somos partidarios de proporcionar los recursos necesarios para cumplir nuestras obligaciones colectivas con los veteranos, los militares caídos en acto de servicio y sus familias.

Pedimos a Estados Unidos que lidere el esfuerzo para librar al mundo de las armas nucleares mediante el uso de iniciativas de control de armas, tratados de no proliferación y medidas unilaterales para reducir nuestros arsenales de armas nucleares. En particular, Estados Unidos debería reformar el acuerdo nuclear con Irán y negociar una actualización del caduco Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio con Rusia e incluir a China o desarrollar un tratado independiente sobre ese modelo. Rechazamos el uso de armas nucleares y no debemos buscar capacidades de primer ataque. Pedimos al gobierno estadounidense que pida disculpas a Japón por el uso de la bomba atómica y a todos los demás países en los que ha atacado a civiles.

Apoyamos los tratados y negociaciones multilaterales para resolver pacíficamente los problemas medioambientales mundiales y tratar de contrarrestar la degradación del medio ambiente.

Pedimos acuerdos comerciales con países amigos que preserven los derechos laborales, protejan el medio ambiente y beneficien a nuestra industria nacional. Debe retirarse el estatus comercial favorable a los países en los que no se aborda la explotación de los trabajadores.

Queremos remediar las tragedias humanitarias y medioambientales del pasado causadas por la intervención estadounidense. Pedimos que se ponga fin al apoyo a los gobiernos corruptos. Apoyamos que la ayuda al desarrollo se centre en crear comunidades locales autosuficientes en lugar de fomentar la explotación corporativa y el imperialismo cultural.

Pedimos al gobierno de Estados Unidos que deje de ayudar a otros países a cometer ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y otras violaciones de los derechos humanos. Pedimos además el cierre inmediato del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en materia de Seguridad, antes la Escuela de las Américas.

Apoyamos la reforma de los acuerdos internacionales para apoyar a los productores locales en lugar de a las empresas multinacionales. Apoyamos la reforma de las prácticas de préstamo financiero a los países en desarrollo y la reducción de su presión financiera. Apoyamos la reforma de los tratados internacionales sobre propiedad intelectual para evitar el control de las empresas sobre las semillas y la agricultura. Las instituciones económicas internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben reformarse o sustituirse en aras de la transparencia, la responsabilidad y la justicia para todas las naciones. 

El Partido de la Solidaridad Americana cree que somos responsables de cuidar la creación de Dios para que las generaciones presentes y futuras puedan disfrutar de los beneficios de un medio ambiente sano, incluyendo aire y agua limpios, y de la rica biodiversidad que es nuestro patrimonio. El Partido de la Solidaridad Americana rechaza la idea de que el cuidado del medio ambiente requiriera la reducción de los derechos de los trabajadores o el control de la población. Mantener nuestro medio ambiente requerirá que los individuos, las empresas y las comunidades locales asuman la responsabilidad de sus contribuciones; sin embargo, debido a la naturaleza nacional y global de nuestros recursos naturales, vemos un papel apropiado para nuestros gobiernos federales y estatales en la adopción y aplicación de políticas basadas en la evidencia con respecto a la contaminación, el cambio climático y las formas alternativas de energía.

Apoyamos el refuerzo de las infraestructuras públicas y la planificación para garantizar que ningún hogar de Estados Unidos carezca de fácil acceso a agua potable limpia y alimentos frescos.

Pedimos que se revisen las leyes medioambientales para garantizar que sus repercusiones no afecten de forma desproporcionada a los pobres y marginados. Es necesario apoyar a las comunidades más pobres afectadas por estas medidas para proteger a los ciudadanos vulnerables. Apoyamos políticas que apliquen un desarrollo equitativo para evitar explícitamente el aburguesamiento y garantizar al mismo tiempo que las poblaciones desfavorecidas reciban beneficios medioambientales. Es necesario poner a disposición de todas las localidades recursos como la cartografía de la resiliencia comunitaria para ayudarles a evaluar y abordar mejor sus necesidades particulares.

No podemos abordar nuestros problemas medioambientales sin abordar también nuestro consumo excesivo. Debemos enseñar hábitos de conservación a nuestros hijos, tanto en casa como en la escuela, y aplicar medidas prometedoras para reducir eficazmente el consumo.

Nos oponemos a los procesos de fabricación de las empresas que conducen a una obsolescencia más rápida y a productos de menor calidad, especialmente en ropa y electrodomésticos. Tales prácticas contribuyen en gran medida al despilfarro de recursos y al aumento de los vertederos. Pedimos ayudas públicas para los vertederos, subvenciones para el compostaje y el fin de la exportación de basura y reciclaje a los países más pobres. Nos oponemos a las políticas vecinales que incentivan a los céspedes saturados de productos químicos y que consumen mucha agua, o que prohíben los tendederos al aire libre. Nos oponemos al uso de farolas tan brillantes que alteren los ritmos circadianos naturales o los patrones de migración de los animales y apoyamos las iniciativas de Cielo Oscuro.

Nos oponemos a las subvenciones federales a la exploración y extracción de combustibles fósiles y pedimos que esos fondos se desvíen a la investigación sobre sumideros de carbono y secuestro de carbono no geológico. Insistimos en que el gobierno federal debe instituir impuestos sobre la contaminación y sistemas de límites máximos y comercio a bajo precio para financiar la inversión pública en energía sostenible, de modo que la industria energética financie su propia transición hacia la energía limpia.

Apoyamos los programas de retención de mano de obra y la preferencia de contratación con incentivos fiscales para los trabajadores afectados negativamente por la transición a la producción de energía verde y a modos de producción respetuosos con el medio ambiente. Pedimos la transición a la propiedad cooperativa de nuevas fuentes de energía sostenibles, con apoyo gubernamental a las infraestructuras para aquellas que lo requieran, como la nuclear. Pedimos que se ponga fin a la tecnología y los procesos de fabricación de energía verde que implican la explotación de leyes medioambientales laxas, mano de obra y recursos naturales en otros países.

Nos oponemos a la pérdida de humedales mediante cambios en el uso del suelo que permitan el desarrollo en dichas zonas. Pedimos la creación de fideicomisos de tierras naturales que permitan a las comunidades controlar y utilizar las zonas naturales con una alteración ecológica mínima. Pedimos a los Estados y a las comunidades que restauren las tierras naturales y restablezcan el concepto de la creación como un bien común que todos tenemos derecho a recorrer y el deber de administrar responsablemente.

Pedimos que se refuercen nuestras leyes contra la degradación medioambiental, que nos roba nuestro patrimonio común. Pedimos la prohibición de los pesticidas neonicotinoides, que destruyen los ecosistemas agrícolas y provocan el declive de las poblaciones de abejas nativas y domesticadas, así como desgravaciones fiscales para los agricultores afectados por la transición a pesticidas comunes pero menos dañinos.

Pedimos iniciativas estatales y locales para combatir las sequías apoyando la retención de agua a través de medios naturales, como la mejora de la retención de agua en el suelo y la acumulación de aguas subterráneas, o a través de medios artificiales, como estanques de retención de agua e instalaciones de retención de agua. También apoyamos el uso de estrategias de aguas grises respaldadas por proyectos de infraestructuras públicas a gran escala, en los que el agua de lluvia y las fuentes de agua no potable se utilizan para el riego básico, las cisternas de los inodoros y otras necesidades. Pedimos que se ponga fin a las leyes federales y estatales sobre el uso del agua que fomentan y subvencionan la agricultura en entornos insostenibles.  

Apoyamos el fortalecimiento de los derechos específicos de los animales frente a los malos tratos y el abandono a manos de quienes deben cuidarlos, reconociéndolos como algo más que una propiedad inanimada. Pretendemos regular de forma más estricta la investigación con animales, especialmente la incautación de perreras.

Pedimos una regulación más estricta de las granjas industriales y los corrales, y la derogación de las leyes de desacreditación alimentaria y las llamadas leyes "ag-gag" que prohíben la libertad de expresión en relación con la agricultura animal. Apoyamos las granjas locales y familiares y las cooperativas agrícolas como elementos esenciales para un consumo ético, sostenible y humano.

El Partido Solidaridad Americana hace un llamado a todos los niveles del gobierno para que vivan los ideales otorgados por Dios de la dignidad humana, la igualdad y la fraternidad. La Declaración de Derechos y las posteriores enmiendas constitucionales han reconocido derechos derivados de estos ideales, incluyendo la libre práctica de la religión, la libertad de conciencia y expresión, un sistema de justicia justo y la igual protección bajo la ley.

El Partido Solidaridad Americana cree que la economía política es una rama de la ética política, y por lo tanto rechaza los modelos de comportamiento económico que socavan la dignidad humana con la avaricia y el interés propio evidente. Abogamos por un sistema económico que se centre en crear una sociedad de amplia propiedad (a veces denominado "distributismo") en lugar de tener el efecto de degradar a la persona humana como una pieza más de la maquinaria.

Se necesitan reformas desafiantes para asegurar que todos los estadounidenses estén representados en la vida cívica. Estos cambios son aún más urgentes en una era de obstrucción partidista y polarización alimentada por los nuevos medios de comunicación. Los estadounidenses necesitan leyes electorales más democráticas, más autogobierno para las comunidades locales y más salvaguardias contra la dominación corporativa del gobierno y los recursos comunes.